miércoles, 25 de junio de 2014

Arvato-Qualytel despide a embarazadas nuevamente, esta vez en la provincia de Sevilla

Arvato-Qualytel despide a 

embarazadas nuevamente, esta vez en

 la provincia de Sevilla


La empresa, dedicada al telemarketing y que cuenta entre sus clientes con administraciones públicas como la Junta de Andalucía, notificó el despido a 35 personas, entre ellas, embarazadas y personas con reducción por guardas legales.

El Sindicato Provincial de Servicios Financieros y Administrativos (COMFIA) de CCOO en Sevilla, denuncia que la empresa Arvato-Qualytel, del grupo Bertelsmann, ha despedido a 35 personas incluyendo embarazadas y trabajadores y trabajadoras que cuentan con especial protección por tener reducciones de jornada por cuidados de menores o mayores a su cargo. No es la primera vez que esta empresa lleva a cabo estas prácticas, pero mientras que en anteriores ocasiones se escudaban en la finalización de contratos temporales, ahora han dado la carta de despido también a personas con contratos indefinidos.

“Pero no solo a estas personas se les deja en la calle”, comenta el responsable de CCOO en el centro de trabajo, Sergio Mulero, que añade que “también han optado por hacer pasar como un fin de campaña a otros trabajadores que llevan años en la empresa, pasando por muchos otros proyectos, y que han demostrado de sobra su valía”.

Los despidos se justifican en la finalización de la campaña de cobros y recobros de ONO, el operador de telecomunicaciones, fijada para el 18 de julio. En las cartas de despido, se les notifica que no es posible ubicarlos en cualquiera de los otros proyectos por no “cumplir con los perfiles”. En el centro de trabajo de Sevilla Este, donde se realizaba la campaña, trabajan casi 500 personas, de la provincia de Sevilla, más de la mitad de ellas contratadas por ETT. Precisamente, entre los despedidos, hay muchos trabajadores que realizan sus labores a través de empresas de trabajo temporal (Critt, Adecco, Ranstad-Unique, etc.), aunque según comenta Mulero “no se entiende la temporalidad cuando desde hace años que la proporción de trabajadores por ETT supera el 50% de la plantilla total del centro de trabajo, situación que la ley permitirá, pero que a todas luces es indecente, ya que están sustituyendo puestos que deberían ser realmente fijos y suelen verse perjudicados por una precariedad extrema en sus condiciones”. Añade que “además, estos trabajadores ya han trabajado anteriormente, para los otros clientes de la empresa en nuestro centro de trabajo, por lo que es insultante que se les diga que no cumplen perfiles. Se trata, a todas luces, de una decisión de eliminar puestos de trabajo con especiales garantías y con mayor estabilidad, en aras de una precarización extrema de las relaciones laborales”.

El caso más sensible es el de varias embarazadas, algunas de las cuales ya habían comunicado a la empresa su situación. Desde COMFIA CCOO de Sevilla se exige a la empresa que dé marcha atrás en estas actuaciones. Además, como indica Sergio Mulero, “estos despidos dinamitan el sentido del Plan de Igualdad firmado entre la empresa y los representantes de los trabajadores. Las actitudes de la empresa dejan en papel mojado este acuerdo, que era beneficioso para la plantilla de Arvato-Qualytel, porque si esta es la manera que tiene la empresa de respetarlo, actuaremos con todos los medios disponibles para que cambien su actitud”.

Se están estudiando todas las opciones legales y de movilización al respecto, ya que como plantean desde fuentes sindicales, no es argumentable de ninguna de las maneras que se ponga a estas personas en la calle y no se contemple su reubicación en otros puestos de una empresa con tanto volumen de empleo, y no solo de las personas en situación de protección especial, como las guardas legales y las embarazadas, sino del resto de la plantilla despedida. 

No es aceptable, además, que estas actitudes se den en empresas prestatarias de licitaciones públicas, como por ejemplo de la Junta
de Andalucía (en la propia capital hispalense se lleva a cabo por esta empresa la subcontrata de la gestión telefónica del 061). “La administración debería garantizar que las empresas a las que paga dinero público no actuasen en contra de la ley y de una forma tan inmoral”.